Principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas
herramientas anticorrupción de la contratación pública
Palabras clave:
Corrupción, Noción, Tipos de Corrupción, Principios, Transparencia, Publicidad, Deber de Probidad, Contratación Pública, Hacienda Pública, Ley General de la Contratación Pública, Contraloría General de la RepúblicaResumen
En un primer momento, la presente investigación perseguirá enfocarse en el fenómeno de la corrupción en la contratación pública, como base jurídica requerida para cumplir con el objetivo general perseguido en ésta. Para tal efecto, se procuró una aproximación sobre el alcance de la noción de dicho fenómeno, a través de la tipología, y el marco jurídico interno costarricense que permea sobre esta materia en pro de la sana administración del erario. En un segundo momento, se estudió la jurisprudencia constitucional sobre los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad en la materia de contratación pública, como pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, como lo constituye nuestro país, en particular, las aplicaciones concretas de dichos principios constitucionales en el ámbito de la contratación pública, y como mecanismos idóneos para la lucha contra la corrupción en la Administración Pública. En la última sección de este trabajo de investigación, se analizó el caso concreto conocido a nivel nacional como ALCATEL y el ICE, es decir, un hito en materia de corrupción en la contratación pública, para contrastarlo con la nueva regulación contenida en la Ley N° 9986 de 2021, Ley General de Contratación Pública del 27 de mayo de 2021 (LGCP), con el fin de determinar si el nuevo marco jurídico contractual que entró en vigor el 01 de diciembre de 2022 resulta ser un mecanismo eficiente para la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Para ello se realizó, un estudio comparativo de la jurisprudencia nacional en relación con el examen de los alcances de los principios constitucionales de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, y el dimensionamiento del ámbito competencial constitucional de la Contraloría General de la República, como Rector en la Hacienda Pública. A partir de lo anterior se advirtió que, si bien es cierto existen grandes avances introducidos en la nueva reglamentación pública para mitigar los espacios para que surja conductas corruptas, lo cierto del caso es que los mecanismos que están previstos resultan ser insuficientes ante casos de corrupción estructural o cuando se produzca en las fases de ejecución de la contratación pública, por lo que todavía hay ámbitos en los que el marco jurídico costarricense en materia de contratación pública debe ser ajustado.
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